La Sala I de la Cámara del Crimen resolvió este mediodía que Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber abusado de una joven venezolana de 18 años en el barrio porteño de Balvanera, sea detenido.

La resolución fue tomada por mayoría e hizo lugar al pedido del fiscal de cámara Ricardo Sáenz, que mantuvo el criterio expuesto por las fiscales Silvana Russi y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quienes habían apelado la excarcelación del imputado después de que la jueza Karina Zucconi le concediera la libertad tras procesarlo.

Los camaristas que votaron a favor de revocar la excarcelación y ordenaron así la detención fueron Pablo Guillermo Lucero y Magdalena Laíño, mientras que su colega, Jorge Luis Rimondi, avaló la libertad que había resuelto la jueza de primera instancia.

Lucero y Laíño tuvieron en cuenta el "riesgo de fuga" por la pena en expectativa del delito que se le imputa a Garzón Martínez "la naturaleza violenta del suceso investigado" y "las dudas que recaen sobre su arraigo", porque dio distintos domicilios.

La detención debe ser ordenada por la jueza Zucconi y podría producirse en las próximas horas en una vivienda de la calle Tandil al 5000, del barrio porteño de Mataderos, donde estaba el acusado.

La decisión de la Cámara del Crimen se conoció horas después de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 8 dispuso la colocación de una tobillera electrónica a Garzón Martínez con la intención de resguardar a la joven de manera cautelar.

Si el agresor se acerca al radio de seguridad de la damnificada, el sistema emitirá un alerta y se activarán los protocolos para darle aviso a la joven y enviar al personal policial más cercano.

El abogado que representa a la víctima, Pablo Baque, confirmó que la jueza Zucconi dispuso en las últimas horas la inhibición general de los bienes del acusado.

Baque explicó que la decisión se debió a un escrito presentado por el defensor del imputado, Osvaldo Cantoro, en el que señaló que su cliente no podía pagar el embargo de 90.000 pesos que había recaído sobre sus bienes al inicio del procesamiento.

El hecho se registró el pasado 23 de enero, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook, tras lo cual el acusado le pidió cenar el viernes para así "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente se presentó el sábado por la mañana en el local de la calle Paso 693.

Según el relato de la denunciante, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces una bebida hasta que finalmente la chica aceptó tomar un vaso de agua, y tras beberlo comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre explicándole la situación.

"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", expresó la joven en el mensaje que le envió por WhatsApp y agregó la dirección en donde estaba.

Cuando la Policía ingresó al local encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.

Luego, en su declaración, llevada a cabo el lunes pasado, Garzón Martínez negó los cargos ante la Justicia, acusó a la denunciante de mentirosa y dijo que tuvo relaciones consentidas y que ella se le ofreció sexualmente.