“No se puede hablar”. La afirmación corrió como reguero de pólvora, en las últimas horas, en muchas reuniones virtuales y chats judiciales. Fue una suerte de conclusión a la revelación periodística de varios diálogos entre el Gobierno y miembros del Poder Judicial, luego de la publicación de la carta de Cristina de Kirchner con dardos hacia la Corte Suprema.

Y fue también una validación –con alarma- de que esos intercambios existieron y estaban destinados a no trascender. Con puentes de intercambio muy dañados, algo se rompió en materia de “códigos”, reconstruyó Ámbito. Sin embargo, pese al clima enrarecido, hubo varios mensajes que –con matices- partieron del cuarto piso del Palacio de Tribunales:

1) La Corte descarta convertirse en una suerte de “contrapoder” y confrontar con el ala dura del kirchnerismo

 2) tampoco buscará ubicarse en una posición política que le podría corresponder a la oposición al Gobierno (tal como sugirieron algunas voces desde la propia oposición y algunos medios

3) La Corte no “pide” los expedientes, sino que le llegan. Una forma de ejemplificar lo que ocurrió con el BCRA cuando Miguel Pesce solicitó, el viernes, vía cautelar que el máximo Tribunal deje sin efecto el impuesto a las Leliq que impulsa Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad

 4) Los ministros seguirán trabajando como hasta ahora, sin promesas de resultado pero tampoco animosidad.

¿Qué puede significar ese mensaje que dejan trascender? Que no se avecina una guerra abierta pese a los nubarrones amenazantes que se formaron cuando la carta de Cristina los subió al ring de los principales responsables de la “continuidad” del Lawfare. La carta se comentó brevemente en el Zoom privado de los ministros, el último jueves. Casi no hubo menciones adicionales y se pasó al temario previsto. Lejos de haber sido el eje, tampoco se planteó una réplica. Más allá de sus diferencias internas, en la Corte perciben que los supera la institucionalidad y se piensan recostar en ese aspecto para evitar una confrontación. Cierto es que los puentes de comunicación que estaban dañados al extremo, hoy, no existen más.

Y es que la carta de la expresidenta también tenía como destino ser ordenadora hacia el interior del Frente de Todos. Desde algunas vocalías había diálogo con algunas de las figuras del oficialismo. ¿Esos diálogos incluían promesas que se incumplieron? El mensaje fulminante de Cristina fue tanto hacia afuera como hacia adentro. Así fue delineado como estrategia y con el objetivo de analizar, luego, cómo decantaba. Como arrojar una piedra en un estanque para ver cuántas ondas hace. El volumen político que representa Cristina de Kirchner hizo el resto. Incluso, revelando un supuesto diálogo que dirigieron desde la cabeza de la Corte a jueces federales. El detalle no pasó desapercibido. Se concatenó con otros episodios que trascendieron y que tenían minúsculos detalles que solo los protagonistas conocían.

Sin nombrar a ninguno, Cristina fustigó a todos por igual. Incluso a Juan Carlos Maqueda, en un párrafo de doble sentido que fue leído como peyorativo en Córdoba, donde el peronismo y el kirchnerismo no son sinónimos. Todos están atentos al siguiente movimiento y ya parecen haber superado la instancia de las sutilezas. Habrá que mirar a las sugerencias del Consejo Consultivo para ver cuál pasa del papel a ser un hecho político con respecto a la Corte. También eso fue parte del “mensaje”. La administración de los fondos podría ser uno.

Cerca de tribunales se quejan de que la responsabilidad se las traslada un sector del oficialismo que no logra amalgamar con el otro sector que ejerce el Gobierno una estrategia en común para el Poder Judicial. La defensa es política pero no es técnica, aducen, para los expedientes que irritaron. La vicepresidenta no cuenta en el haber de los triunfos el tema de los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La “solución” de la Corte era el peor escenario que habían evaluado desde el Instituto Patria. Mientras tanto, encalla en Diputados la reforma judicial (que no es reforma para Cristina de Kirchner y ni siquiera la enumeró en el balance del Senado) y hay dudas sobre la Procuración General. Para colmo, la justicia encomendó el urgente nombramiento del Defensor del Pueblo, cargo vacante desde hace casi 12 años. Los problemas exceden la magullada relación interpoderes.

Judicializan las Leliq

El protagonismo de la Corte durante 2020 fue excluyente. Tanto así, que como se anticipó el 30 de noviembre, se inició la judicialización de la eliminación de la exención impositiva en la Ciudad de Buenos Aires a los pases y a las Leliq que operan los bancos. Pesce había advertido por carta a Rodríguez Larreta que no lo haga. Ahora llevó su planteo a la Corte reclamando la competencia originaria. En estas líneas se había mencionado que para la solicitud de cautelar debía demostrarse el agravio y que lo podría asumir el sujeto pasivo del impuesto a Ingresos Brutos que eran los propios bancos. De hecho, había asesoramiento a la plana mayor de bancos públicos para iniciar la judicialización. El BCRA se les adelantó con un planteo que busca frenar en la Corte el intento recaudador de Rodríguez Larreta ante el riesgo inminente de su puesta en práctica y el condicionamiento de la política monetaria si se grava con impuestos esas herramientas. Otro escenario posible hubiera sido que la Asociación de Bancos o alguna entidad pública se presentara y requiriera al BCRA como tercero interesado. Eso le hubiera asegurado la consulta y la intervención por otra vía.

Existe un antecedente a favor de Pesce en una demanda en la que la Corte admitió competencia originaria para dirimir la cuestión entre el BCRA y la provincia del Chaco por una acción declarativa de certeza. El 9 de octubre de 2007 y con los argumentos de la procuradora Laura Monti, lo suscribieron Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. En aquella demanda habían intervenido la Asociación de Bancos de la Argentina, Citibank N.A., Banco Río de la Plata S.A., H.S.B.C. Bank Argentina S.A., B.B.V.A. Banco Francés S.A. y Standard Bank Argentina S.A., todos contra Chaco que había gravado la captación neta de fondos, argumentando la potestad tributaria provincial.

Mientras tanto el reloj corre para la Ciudad también. La presentación judicial que se dirigió contra el decreto presidencial que podó la Coparticipación que Mauricio Macri le había dado a la administración porteña ya envejeció con el dictado de la ley por parte del Congreso que regula el traspaso de las competencias en materia de seguridad. El hecho nuevo se constituyó. Mientras tanto, en la Corte aguardarán: los poderes representativos están dialogando a través de acciones, mientras ello ocurra, es, dicen, política de la Corte no inmiscuirse.

Por: Gabriel Morini - Ambito Financiero.