El gobernador Rodolfo Suarez decidió que Mendoza no aplicará el “pase sanitario” que propone el gobierno nacional, a pesar del avance de la variante delta y del inminente arribo de la cepa ómicron “La vacuna no es obligatoria. Es facultad de cada una de las personas elegir si lo hace o no.

En la medida en que no sea obligatoria, desde la provincia no tenemos facultades para establecer restricciones de circulación o de ingresos a determinados lugares. Tampoco disponemos de las facultades para disponer la obligatoriedad de la vacuna. Por ello exigir un pase sanitario es obligar a la gente a vacunarse, si no, estaríamos afectando su libertad de circulación en la provincia”, expresó el mandatario provincial.

Cabe acotar que al imponer la polémica medida, se está atentando contra los derechos de los ciudadanos argentinos, según lo contempla entre algunos de sus derechos el Código Penal Argentino. El delito de coacciones supone el empleo de la fuerza para obligar o impedir a una persona hacer algo en contra de su voluntad.

Artículo 149 bis del Código Penal de la Nación Argentina

"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.