La quiebra decretada de la empresa Correo Argentino, propiedad del holding de la familia del ex presidente Mauricio Macri, ingresó hoy en una zona de impasse por una resolución de la jueza en lo Comercial Marta Cirulli. La magistrada, que la semana anterior decretó la quiebra tras un trámite que se extendió durante dos décadas, concedió la apelación presentada por los abogados de la firma con “efecto suspensivo”.

Eso significa que el expediente pasará para su revisión a la Cámara en lo Comercial suspendiendo los trámites propios de una decisión de quebranto. En los hechos, la jueza de primera instancia no podrá avanzar, por ejemplo, con la ejecución de los bienes, ni  con la “extensión” de la deuda a otras empresas del Grupo Macri.

La jueza Cirulli acató la disposición de la Cámara en lo Comercial –en rigor, tomada hace más de una década- “sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa”.

“Me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido”, expresó Cirulli. En ese contexto, describió que “en consonancia con el temperamento seguido el 25/3/2010 en materia análoga, concédese en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho”.

Mientras tanto, en la justicia penal, el juez federal Ariel Lijo recibió un nuevo informe en el expediente que investiga la propuesta de pago que hizo la empresa postal al Estado. Las conclusiones del trabajo ratifican lo que ya había arrojado un documento anterior: que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino y aceptada por el Estado en 2016 implicaba una quita superior al 90%.

En este expediente penal el expresidente Mauricio Macri está denunciado, pero nunca fue citado a indagatoria. 

Sí fueron indagados por esta causa, hace más de dos años, el exministro de Defensa y exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; el abogado de la compañía, Jaime Leonardo Kleidermacher, y el encargado del área de jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa. El juez no decidió todavía si va a procesarlos.

Las conclusiones del primer informe recibido por Lijo en febrero de este año indicaban que el acuerdo entonces aceptado por el macrismo resultaba perjudicial para el Estado. Robirosa y Kleidermacher cuestionaron los cálculos en los que se basaba ese estudio y pidieron, a través de sus abogados, ordenar un peritaje contable. A raíz de ese planteo Lijo no ordenó un peritaje pero sí un estudio económico y financiero.

Según este nuevo informe, que fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial y Delitos Complejos que depende de la Corte Suprema de Justicia (Dajudeco), “en el marco del periodo circunscripto desde la presentación del concurso, el 19/09/2001, hasta la fecha de propuesta de pago, el 28/06/2016, y evaluando la totalidad de los supuestos hipotéticos planteados, surge que en todos los casos la propuesta de pago realizada por Correo Argentino SA estimó una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado”. 

El juez había indagado a Aguad, Kleidermacher y Cibils Robirosa cuando consideró que podría tener elementos en el expediente para procesarlos y que los imputados debían tener su instancia de defensa.

El objetivo de esta última medida de prueba era determinar si hubo una aceptación de una oferta abusiva, que es lo que para el juez podría constituir delito.

Lijo hizo lugar a una parte de ese planteo y ordenó en marzo un nuevo estudio al equipo de especialistas en quiebras de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esos profesionales deben opinar sobre las objeciones de las defensas al informe recibido.

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