En el decreto se afirma que se busca restablecer los derechos de personas procesadas como concecuencias de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado que se vivió a fines de 2019 tras la caída de Evo.

Para el indulto, el decreto señala que se beneficiarán “personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales”.

También se otorga esos beneficios para detenidos de otros procesos, en el marco de evitar el hacinamiento carcelario, bajo condiciones entre las cuales está el haber cumplido cierto tiempo de condena.

Sin embargo, la medida fue fuertemente criticada por la oposición.

“La aprobación de una norma para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de Derechos Humanos cometidos por sus correligionarios tras el fraude de 2019, es una acción que muestra que @LuchoXBolivia (Luis Arce) y la ALP dependiente de (Evo) Morales, no respetan la justicia ni la democracia” (sic), escribió en redes sociales el líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.