La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), una de las entidades que representa en el país a los cristianos evangélicos, hizo pública su “honda preocupación” y oposición al llamado “pase sanitario” impulsado por las autoridades de salud para prevenir un nuevo brote de covid-19, con el argumento de que se están “coartando derechos constitucionales”. En la declaración se arguye que “observamos cómo, a través de normas que pretenden justificarse a la luz de la necesidad de proteger a la población de los graves riesgos de una enfermedad, se terminan coartando, cuando no vulnerando, derechos que tanto le ha costado a nuestra sociedad conseguir a lo largo de la historia. Como lo son las libertades de conciencia y de religión”.

A través de un comunicado que lleva la firma de su Comité Ejecutivo se recuerda que “desde las iglesias evangélicas siempre hemos promovido el respeto a todas las medidas sanitarias de prevención que se han implementado en las diferentes situaciones epidemiológicas” pero los dirigentes evangélicos advierten que es “una realidad que no existe norma alguna que imponga a la población la inoculación obligatoria” y por lo tanto “la creación de un pase o pasaporte sanitario por el cual los ciudadanos se vean constreñidos a estar vacunados para acceder a ciertos espacios, sean estos públicos o privados, resultaría violatoria de normas constitucionales”.

Dentro del espectro de las iglesias evangélicas ACIERA nuclea y representa a los sectores más conservadores del evangelismo.

Según lo expresa en su declaración el Comité Ejecutivo de ACIERA, con el “pase sanitario” se estarían “afectando otros derechos como el de libre circulación por el territorio nacional, de reunión, el de no discriminación, y libertades y derechos fundamentales que hacen a un estado democrático”, haciendo hincapié en lo relacionado con los actos religiosos. “¡Qué particular mención merece el hecho de que el referido pase pueda llegar a ser de aplicación en los ámbitos religiosos!” dado que ello -dicen- sería “equiparar los ritos de los diferentes credos con cualquier actividad de la vida privada” y, en consecuencia “desmereciendo así la importante labor espiritual que realizan las iglesias”.

Se dice además que de aplicarse en las instituciones religiosas la medida sanitaria ya establecida por varias provincias y anunciada por el gobierno nacional sería imponerle a las mismas “un rol de control y de aplicación de un derecho de admisión que las mismas no tienen, por ser instituciones de puertas abiertas a todo aquél que lo necesite”.

En alineamiento con los pronunciamientos de los sectores más conservadores de nuestro país y a nivel internacional, ACIERA entiende que “es necesario fijar nuestra posición contraria a cualquier limitación de los mencionados derechos inalienables reconocidos por nuestras leyes” y advierte “acerca de los peligros que implican para la democracia que se aprueben este tipo de instrumentos, que derivarán sin dudas en un retroceso en nuestro sistema jurídico respetuoso de las libertades individuales”.

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